En medio de la polémica por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, parlamentarios de oposición se reunieron para solicitar a la Contraloría General de la República que intervenga y exija la entrega de toda la información relacionada con los decretos firmados por el Ministerio de Justicia. La acción surge luego de que el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, denunció que la cartera encabezada por Fernando Rabat no ha respondido un oficio en el que solicitó antecedentes sobre los condenados beneficiados, pese a que ya se cumplió el plazo de cinco días establecido para entregar la información. Al respecto, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, cuestionó la falta de transparencia y afirmó que las autoridades deben dar a conocer los antecedentes para permitir la protección de las víctimas. "El daño ya está hecho, ya liberaron a estos delincuentes, revictimizaron a esos niños y sus familias. Hoy lo que corresponde es que entreguen toda la información para poder defenderlos como corresponde", señaló. Asimismo, apuntó que la Defensoría de la Niñez ha debido presentar "recursos de amparo a ciegas". "Hemos conocido por goteo y por la prensa, a través de investigaciones y filtraciones, algunos de estos documentos, pero oficialmente el Gobierno no los ha querido entregar", agregó Soto. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que la entrega de estos antecedentes es fundamental para proteger a los menores de edad afectados. "Primero tienen que saber que su agresor sexual anda dando vuelta por las calles", afirmó. "Le estamos planteando a Contraloría que tiene que tomar cartas en el asunto y aplicar las sanciones correspondientes, porque el ministro Rabat ocultó información. Ese es el punto: el ministro Rabat ocultó información y hasta la fecha tenemos decretos que no se han transparentado. Además, no cumplió el plazo con la Defensoría de la Niñez", concluyó.