El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra a raíz de la polémica por las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Al respecto, afirmó que una acción de este tipo "no tiene asidero". La controversia surgió luego de que se conociera que su cartera concedió rebajas de pena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, entre ellas 27 por abuso sexual y otras 19 por violación. En conversación con Radio Duna, el secretario de Estado sostuvo que se trata de un Gobierno que "respeta la institucionalidad y esto implica cumplir con la constitucionalidad". En esa línea, al ser consultado sobre la posibilidad de que parlamentarios impulsen una acusación constitucional en su contra, respondió: "Una acusación constitucional por cumplir la Constitución y la ley me parece que no tiene asidero". "Hemos actuado sobre la base de la Constitución, la ley, tratados internacionales e interpretación doctrinal reiterada de los máximos tribunales del país", expresó. Asimismo, el ministro reconoció que la controversia ha generado un problema político y apuntó a la existencia de un vacío legal que, según afirmó, se arrastra desde 2023 y que no habría sido abordado por las autoridades. "Hoy, consciente del problema político que esto ha generado, diagnosticamos que existe un vacío evidente que se conoce desde el año 2023 y nunca se adoptó una decisión para solucionarlo. Quedó un vacío. Existe un problema en nuestra legislación de casi cuatro años y lo que estamos haciendo es abordarlo", sostuvo. En otras declaraciones a la prensa, Rabat también cuestionó la falta de medidas para resolver esta situación durante los últimos años, afirmando que nadie había decidido "tomar el toro por las astas". "Lo que estamos haciendo, junto con suspender toda la tramitación de estos decretos, es que el ministro de Justicia simplemente revisa objetivos, como señala la ley, no hace una ponderación. La ponderación la hacen comisiones establecidas en la ley, integradas por ministros de corte y jueces", concluyó.