Un total de 33 personas condenadas por abuso sexual y violación recibieron rebajas de penas que alcanzan un promedio de 14,7 meses, situación que generó alarma en las víctimas ante la ausencia de notificaciones oficiales sobre su puesta en libertad. De los casos conocidos, 18 corresponden a condenas por abuso sexual, siete por violación y ocho por ambos delitos. Las sentencias originales de este grupo promediaban 8,7 años de presidio antes de la concesión de los beneficios. "Lo escuché en rumores y la verdad no creí que fuera cierto. Cuando me dijeron ustedes ahí lo confirmé", afirmó Lisette, víctima que supo de la liberación de su agresor a través del trabajo periodístico. A su agresor le redujeron más de un año de condena. La afectada manifestó su indignación por la resolución y por no haber sido contactada por ninguna institución pública. "Me da rabia que al final todo lo que pasó quedó en nada. Se cumplió un par de años y ya, chao", declaró Lisette. La víctima advirtió sobre las consecuencias operativas de mantener en libertad a sujetos sentenciados por este tipo de ilícitos, proyectando un escenario de riesgo para la población. "Es un peligro al final para la sociedad tener una persona así. Esto dejó vulnerables a todas las personas que han sufrido este tipo de cosas", sostuvo Lisette. Registros de la Defensoría de la Niñez contabilizan que 362.355 niños, niñas y adolescentes sufrieron abusos o agresiones sexuales en Chile entre los años 2006 y 2023. Ante la contingencia, el organismo anunció acciones concretas de revisión caso a caso para evitar un nuevo impacto en la salud mental de los afectados. "Vamos a ir evaluando caso a caso, precisamente para verificar que la situación de esos niños, niñas y adolescentes no sea revictimizante", manifestó el defensor de la niñez, Anuar Quesille. Desde la academia explicaron el impacto psicológico que provoca el retorno de los agresores al entorno social sin medidas de preparación previa para las víctimas. "Esto significa finalmente reintroducir nuevamente el sufrimiento en las personas, la incertidumbre, la inseguridad psicológica", comentó Francisca Jaque, de la Escuela de Psicología de la Usach. Frente al término anticipado de las reclusiones, la afectada demanda garantías básicas de resguardo personal que impidan cualquier tipo de contacto con los victimarios. "Yo creo que una orden de alejamiento, como mínimo. Lo que yo no quiero es verlo", concluyó Lisette.