La acreditación institucional es una pieza central de la educación superior. Es el mecanismo que la ley dispuso para verificar que los establecimientos cumplan determinados estándares de calidad, y de ella dependen otras herramientas del sistema, como el financiamiento estudiantil y, en algunos casos, la posibilidad de abrir nuevas carreras, sedes o vacantes. Es, además, una de las principales señales en que se apoyan las familias al elegir dónde estudiar. Este mes la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de este proceso, cumple 20 años, un buen momento para hacer un balance y mirar hacia adelante.

En pocos años, el sistema pasó de ser voluntario a obligatorio e integral, y desde 2023 se basa en criterios y estándares explícitos, un avance importante en transparencia. La pregunta hoy es cómo debe evolucionar este sistema para acompañar a una educación superior que cambia rápidamente y que necesita instituciones capaces de reaccionar con agilidad.

Contar con un estándar común, verificado por un organismo técnico e independiente, ha permitido elevar el piso del sistema y entregar una garantía pública de calidad. De todas formas, la experiencia de estos años muestra espacios para perfeccionar el modelo. En algunos casos, los estándares dejan poco margen para que instituciones muy distintas demuestren que cumplen bien por caminos propios. Por ejemplo, la acreditación de la investigación es voluntaria por ley, pero varios criterios obligatorios suponen, en sus niveles más altos, que la institución investiga. A su vez, los estándares no distinguen según la madurez de cada iniciativa, de modo que una sede o modalidad recién abierta debe mostrar resultados que aún no alcanzan a consolidarse.

La CNA cuenta con un margen de interpretación valioso, porque permite atender la realidad de cada institución. Por eso, conviene que ese margen opere con criterios transparentes, de modo que las instituciones puedan anticipar cómo su evaluación se traduce en un nivel y en años de acreditación. Son aspectos perfectibles, que cobran mayor relevancia en un contexto en que la transformación digital y del mercado laboral, las trayectorias formativas menos lineales y el crecimiento de la educación a distancia exigen a las instituciones adaptarse y diferenciarse.

Por esto, la acreditación debe fundarse en una idea simple: la calidad se juzga a la luz del proyecto que cada institución define con autonomía. Y así lo recoge la Ley N° 20.129 al ordenar que la evaluación considere “la misión y el respectivo proyecto institucional”, con “especial énfasis en la diversidad institucional”. La autonomía, en ese sentido, no es un privilegio ni una excepción a la exigencia: existe, ante todo, para proteger la libertad académica, condición para que las instituciones cumplan su función de generar y transmitir conocimiento. Como no hay una única manera de alcanzar esa función, ni un solo modelo de organización que asegure hacerlo bien, no corresponde que la autoridad fije de antemano cómo debe realizarse. Cuando un estándar condiciona los niveles más altos a que la institución investigue o a que lo haga en todas las áreas que cultiva, corre el riesgo de decidir por ella. No hay calidad sin autonomía para definir qué se quiere hacer bien, ni autonomía legítima sin una calidad que la respalde.

De ahí que la diversidad del sistema haga difícil una evaluación estandarizada. Esa diversidad no está solo en los proyectos institucionales, sino también en los alumnos. Más de la mitad de la matrícula técnico profesional, por ejemplo, estudia en jornada vespertina, semipresencial o a distancia, muchas veces compatibilizándolo con un trabajo. Un indicador como la retención o la titulación oportuna no significa lo mismo para una institución que forma a jóvenes recién egresados del colegio que para otra que atiende a adultos que trabajan, y medirlas con la misma vara termina evaluando el perfil de sus estudiantes más que la calidad de su formación. La diversidad tiene, además, un valor en sí misma: si todas las instituciones tienden a parecerse, los estudiantes cuentan con menos alternativas reales entre las cuales elegir.

La próxima revisión de los criterios permite explorar algunas direcciones: que la misión de cada institución, hoy reconocida en la ley, determine efectivamente lo que se le exige, y no solo cómo se pondera; que entre sedes y modalidades se exija equivalencia de calidad y no de recursos, como ya insinúan las orientaciones de 2026; que las iniciativas nuevas se valoren por su diseño y primeros avances mientras maduran; y que las reglas de decisión, sin volverse rígidas, sean transparentes y conocidas de antemano. Un sistema de acreditación descansa en la confianza, la certeza jurídica y la claridad de sus reglas.

Ninguna de estas ideas busca exigir menos, sino exigir mejor. Si la etapa que termina consistió en asegurar un piso común, la que viene debiera hacerlo reconociendo que, sobre ese piso, hay muchas formas de hacer las cosas bien.

Por Francisca Espinoza, Directora de Estudios de Acción Educar

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