Chile cuenta con conocimiento científico para identificar las amenazas naturales, pero no siempre lo incorpora en las decisiones sobre cómo ocupar el territorio. En esta columna, Hermann Manríquez Tirado aborda las contradicciones de la planificación territorial y la necesidad de voluntad política para prevenir desastres y reducir sus impactos.
En Chile pareciera que nos hemos acostumbrado a hablar de los desastres como si fueran acontecimientos naturales inesperados que afectan cada cierto tiempo la vida de las personas. Sin embargo, sus impactos no se explican únicamente por la ocurrencia del fenómeno propiamente tal, sino también por las decisiones que hemos tomado sobre cómo ocupar y transformar el territorio.
Las precipitaciones extremas y las remociones en masa, la actividad sísmica, las erupciones volcánicas, forman parte de la dinámica física del planeta y contribuyen a la transformación permanente de los paisajes. No podemos impedir que ocurran, sin embargo, dependiendo del fenómeno, existen limitaciones para anticipar con cierto nivel de certidumbre cuándo y dónde se producirán. Si bien la investigación científica permite identificar los espacios susceptibles de ser afectados, así como las condiciones que pueden agravar sus consecuencias, surge una primera contradicción importante: contamos con un considerable conocimiento científico sobre estas amenazas, pero este no siempre se incorpora de manera efectiva en las decisiones de planificación territorial. Por ello vemos la edificación en dunas, humedales o laderas de fuerte pendiente, construcción en fondos de quebradas y cauces o la construcción de edificios próximos a acantilados costeros, por nombrar algunos casos.
Esto significa que las consecuencias de un fenómeno natural no dependen solamente de su magnitud, sino también de las características del territorio y de la manera en que lo hemos ocupado.
Aunque estos fenómenos tienen distintos orígenes y son estudiados por diversas disciplinas, comparten una cuestión fundamental: ocurren en lugares cuyas características naturales y transformaciones humanas condicionan sus efectos. El territorio no es, por tanto, un escenario estático. La geografía aporta aquí una perspectiva integradora, al relacionar la dinámica de los procesos naturales con las formas de poblamiento, la localización de las actividades económicas y la distribución de la infraestructura. Esta mirada resulta especialmente necesaria cuando se trata de planificar territorios que presentan condiciones naturales muy diferentes entre sí.
Chile ha desarrollado importantes capacidades científicas y técnicas para estudiar las amenazas naturales. Buena parte de este conocimiento proviene del trabajo realizado en universidades y centros de investigación, muchas veces financiado con recursos públicos. Los estudios de terreno, los sistemas de monitoreo terrestre, aéreo y satelital y la cartografía han permitido identificar escenarios de peligro. Sin embargo, contar con esta información no significa necesariamente que se utilice al momento de tomar decisiones. Y esta es, precisamente, una de nuestras principales contradicciones: sabemos cada vez más sobre las amenazas que afectan al territorio, pero ese conocimiento no siempre tiene la importancia que debiera cuando se decide dónde construir, localizar infraestructura o establecer restricciones al uso del suelo: el Estado financia investigación que ¡no utiliza!
La Ley 21.364 constituye un avance importante en materia de riesgos. Con ella se creó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y se estableció el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el propósito de fortalecer la coordinación del Estado y avanzar hacia una gestión del riesgo con mayor énfasis en la prevención. Entre sus instrumentos se encuentran los mapas de amenazas y riesgos, que permiten relacionar las características de los procesos naturales con las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población. El desafío es conseguir que estos instrumentos tengan una aplicación efectiva en la planificación y en las decisiones sobre el desarrollo de nuestros territorios.
Sería equivocado sostener que todos los desastres pueden evitarse o que la ciencia dispone de información suficiente para anticipar todas sus consecuencias. Pero tampoco podemos utilizar esas limitaciones como argumento para postergar decisiones que pueden sustentarse en el conocimiento disponible. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los municipios y gobiernos regionales, actualizar los instrumentos de planificación y establecer una colaboración permanente entre las universidades, los organismos técnicos y las autoridades públicas. Sin embargo, hay algo que resulta igualmente importante: la voluntad política para tomar decisiones que pueden ser difíciles, particularmente cuando implican limitar determinadas formas de ocupación del territorio o bien priorizar frente a una actividad económica. Las universidades y los centros de investigación tienen la responsabilidad de generar conocimiento y comunicar sus resultados; corresponde a las autoridades considerar esa información y utilizarla en las decisiones que afectan a las comunidades.
El desarrollo no debería evaluarse solamente por cuánto construimos, dónde instalamos nuestras actividades o cuánto crecen nuestras ciudades. Debiera considerar nuestra capacidad para reconocer las condiciones naturales de los espacios que habitamos y reducir los riesgos asociados a su ocupación. Chile necesita continuar investigando y fortaleciendo sus capacidades científicas, pero también necesita aprovechar mejor el conocimiento que ya posee. Las amenazas naturales seguirán ocurriendo; lo que podemos cambiar es la manera en que ocupamos el territorio y las decisiones que tomamos para reducir sus consecuencias.